INFOS. RELACIONADAS:
- Misión internacional evaluará situación de derechos humanos en Honduras. Preocupante escalada de violencia contra defensores/as (REL-UITA)
- Comunicado sobre actuaciones de Mº Público y gobierno de Honduras ante asesinato de Berta Cáceres e intento a Gustavo Castro (COPINH y Otros Mundos-Chiapas)
- Comunicado sobre actuaciones de Mº Público y gobierno de Honduras ante asesinato de Berta Cáceres e intento a Gustavo Castro (COPINH y Otros Mundos-Chiapas)
- Asesinada Berta Cáceres, líder indígena y defensora de la tierra, que le torció la mano al Banco Mundial y a las transnacionales (Agencias/ InfoGAIA internacionalista y anticapitalista)
- "Un tupido silencio internacional sobre Honduras oculta su realidad, pues es enclave esencial de la geopolítica de EEUU": Txema Abaigar (Madrid Sindical/ InfoGAIA internacionalista y anticapitalista)
- Bajo Aguán: Grito por la tierra (AlbaSud/ InfoGAIA internacionalista y anticapitalista)
Misión Internacional presenta hallazgos y recomendaciones tras intensa gira en el Bajo Aguán
Estamos viviendo momentos muy difíciles y debemos trabajar para evitar que se profundice la violación a los derechos humanos en Honduras”, dijo Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), durante el discurso de apertura del Foro.
“Vamos a poner toda nuestra energía positiva y estamos listos para recoger y transformar la memoria, no en dolor, sino en propuesta colectiva”, aseguró la defensora de derechos humanos.
Promovida por el COFADEH e integrada por delegad@s de organizaciones de Europa, Estados Unidos y América Latina, entre otras la Rel-UITA, la Misión informó de sus hallazgos a la comunidad nacional e internacional y formuló recomendaciones al Estado de Honduras.
Modelo extractivista Proyectos de muerte
Según los miembros de la Misión, en el Bajo Aguán “se mantienen las amenazas, ataques e intentos de asesinato” en contra de dirigentes campesinos, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y defensores de los bienes comunes de la naturaleza, “que son amenazados por proyectos extractivistas”.
El acelerado concesionamiento de territorios en la zona alta del Valle del Aguán a empresas mineras, se ha venido sumando a la expansión sin control del monocultivo de palma africana, responsable de una ola interminable de asesinatos, en el marco de un conflicto agrario originado por la falta de acceso a la tierra para miles de familias campesinas.
Los efectos de la minería sobre las fuentes de agua podrían profundizar la conflictividad social y la violencia.
La criminalización de la lucha por la defensa de los territorios y los derechos humanos, así como las amenazas sistemáticas, el desplazamiento y desalojos forzados, el exilio, las torturas y los despojos “permanecen en la total y absoluta impunidad”, revela una nota de prensa de la Misión.
Judicialización y represión Derechos humanos pisoteados
En esta persecución -cada vez más selectiva- estarían participando “fuerzas de seguridad privada y escuadrones de la muerte, amparados por el Estado que ha militarizado la región con el patrocinio y provecho de poderes económicos regionales”, asegura el documento.
“Lamentablemente constatamos que no solamente muchas de las recomendaciones hechas hace unos años no se han cumplido, sino que las cifras de muertes se han disparado y la impunidad es absoluta”, dijo Luis Guillermo Pérez, miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh).
Una percepción de falta de voluntad y conflagración investigativa que quedó corroborada tras una reunión de la Misión con autoridades locales y regionales, y que continúa reproduciendo y profundizando la criminalización de las organizaciones campesinas.
Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), explicó que de los dirigentes campesinos que firmaron los acuerdos de 2010 con el gobierno, la inmensa mayoría han sido asesinados o tuvieron que irse al exilio interno o externo.
“Más de 300 compañeros y compañeras están siendo judicializados. Nos están criminalizando y asesinando. Si no nos unimos nos van a diezmar hasta desaparecernos”, alertó Banegas.
También recordó que tanto los acuerdos de 2010 como los de 2012 para la compra de miles de hectáreas de tierras nunca se cumplieron.
“Las empresas campesinas se están enfrentando a una grave crisis económica, producto de la caída del precio internacional del aceite de palma y de la falta de voluntad del actual gobierno de consensuar una readecuación de la deuda. De no solucionarse este problema, la situación podría volverse nuevamente explosiva”, dijo la dirigente de COPA.
En esta persecución -cada vez más selectiva- estarían participando “fuerzas de seguridad privada y escuadrones de la muerte, amparados por el Estado que ha militarizado la región con el patrocinio y provecho de poderes económicos regionales”, asegura el documento.
“Lamentablemente constatamos que no solamente muchas de las recomendaciones hechas hace unos años no se han cumplido, sino que las cifras de muertes se han disparado y la impunidad es absoluta”, dijo Luis Guillermo Pérez, miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh).
Una percepción de falta de voluntad y conflagración investigativa que quedó corroborada tras una reunión de la Misión con autoridades locales y regionales, y que continúa reproduciendo y profundizando la criminalización de las organizaciones campesinas.
Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), explicó que de los dirigentes campesinos que firmaron los acuerdos de 2010 con el gobierno, la inmensa mayoría han sido asesinados o tuvieron que irse al exilio interno o externo.
“Más de 300 compañeros y compañeras están siendo judicializados. Nos están criminalizando y asesinando. Si no nos unimos nos van a diezmar hasta desaparecernos”, alertó Banegas.
También recordó que tanto los acuerdos de 2010 como los de 2012 para la compra de miles de hectáreas de tierras nunca se cumplieron.
“Las empresas campesinas se están enfrentando a una grave crisis económica, producto de la caída del precio internacional del aceite de palma y de la falta de voluntad del actual gobierno de consensuar una readecuación de la deuda. De no solucionarse este problema, la situación podría volverse nuevamente explosiva”, dijo la dirigente de COPA.
Ante esta situación, como exigencia de la Misión, surgió desde el Foro la propuesta de crear un espacio de análisis para la prevención de riesgo para las y los defensores de derechos humanos.
Justicia para Berta No más violencia contra Copinh
La Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos también abordó con fuerza el tema del asesinato de la dirigente indígena Lenca, Berta Cáceres, calificándolo de “crimen político” del cual el Estado es responsable, no solamente porque se ha vinculado con un oficial del Ejército, sino porque “estaba obligado a proteger su vida e integridad física”.
La Misión dijo compartir el llamado de la familia y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) de conformar una comisión internacional de investigación autónoma del Estado hondureño, “para que se sancionen todos los autores materiales e intelectuales del crimen”.
También condenó la represión policial desatada contra manifestantes del Copinh el pasado 9 de mayo, y exigió al gobierno de Honduras “evitar cualquier forma de criminalización de la protesta social”.
Recomendaciones Derecho a la verdad y la justicia es primero
Entre las principales recomendaciones formuladas por la Misión de Observación destaca asegurar la investigación de los crímenes cometidos, “como premisa para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas”.
Asimismo, que el gobierno de Honduras asegure que se cumplan los acuerdos firmados con las organizaciones campesinas del Aguán, que no se siga reprimiendo y estigmatizando a quienes defienden sus derechos, así como que se garantice el estricto cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Finalmente, recomendó crear mecanismos de consulta participativa con las organizaciones campesinas “en cuanto a los proyectos que se implementan en sus territorios”.
Misión Internacional de Observación de DDHH denuncia que continúa la criminalización de las personas que lideran la lucha por el acceso a la tierra y la defensa de los territorios
La Misión Internacional de Observación de DDHH, conformada por delegados y delegadas de Europa, de Estados Unidos y de Latinoamérica, convocada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras –COFADEH- en su visita a La Esperanza y el Valle de El Aguan, del 6 a al 12 de mayo de 2016, comunica a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
1. El asesinato de Berta Cáceres Flores ha afectado no solamente a su familia y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas –COPINH-, sino al pueblo hondureño y la humanidad en su conjunto, por la trascendencia de su lucha en la defensa de los bienes comunes, los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios, de las mujeres, de los derechos humanos y por su resistencia pacífica.
2. Consideramos que el asesinato de Berta Cáceres Flores es un crimen político, del cual el Estado es responsable, no solamente porque se ha vinculado a un oficial del Ejército hondureño, sino porque estaba obligado a proteger su vida e integridad física.
3. La misión valora la identificación y procesamiento de cinco personas que serían parte del gran entramado que se desarrolló para asesinarla, sin embargo, compartimos el llamado de la familia de constituir una Comisión Internacional de Investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, autónoma del Estado hondureño que contribuya a la investigación y la sanción efectiva de todos los autores materiales e intelectuales del crimen, incluyendo los actores con intereses económicos.
4. La misión condena la represión ejercida contra manifestantes del COPINH que fueron atacados por la policía el día 9 de mayo en Tegucigalpa, exige la inmediata liberación de las personas detenidas y llama al Gobierno a evitar cualquier forma de criminalización de la protesta social.
Por otra parte en el Bajo Aguán la misión ha constatado:
5. Se mantienen las amenazas, ataques e intentos de asesinato en contra de los líderes y lideresas, de personas defensoras de derechos humanos en el Bajo Aguán, así como de dirigentes comunitarios que protegen el agua, los ríos y el medio ambiente, que están siendo amenazados por proyectos extractivistas.
6. Continua la criminalización de las personas que lideran la lucha por el acceso a la tierra, la defensa de los territorios, y de los derechos humanos, mientras la impunidad prevalece en más de 150 asesinatos perpetrados en la región desde el golpe de Estado, siendo la masacre del Tumbador un caso emblemático. Las amenazas sistemáticas, el desplazamiento forzado, las torturas, el exilio, los desalojos forzados, los despojos y difamación permanecen en la impunidad.
7. En esta persecución cada vez más selectiva participan fuerzas de seguridad privada y escuadrones de la muerte, que estarían amparados por el Estado que ha militarizado la región con el patrocinio y provecho de los poderes económicos regionales.
8. El conflicto agrario que tiene su raíz en la Ley de Modernización del Sector Agrícola de 1992, además de no resolverse con los acuerdos relativos a la compra de tierras firmados en el 2010, actualmente se ha agudizado por la falta de voluntad política, la vinculación y connivencia del estamento militar, la policía, los terratenientes, las corporaciones internacionales, los narcotraficantes y sectores políticos de Honduras.
9. Según los testimonios obtenidos, la Hoja de Ruta para buscar una solución al conflicto agrario propuesta por el Banco Mundial no cuenta con los mecanismos de consulta participativos con las organizaciones campesinas.
La misión hace las siguientes recomendaciones:
– La Fiscalía debe asegurar la investigación de los crímenes cometidos como premisa fundamental para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.
– El gobierno de Honduras debe asegurar que se cumplan los acuerdos relativos para garantizar el acceso a la tierra de las organizaciones campesinas.
– El gobierno de Honduras debe proteger y no estigmatizar a quienes ven su integridad amenazada por defender sus derechos.
– Es obligación del Estado garantizar el estricto cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a cuyo efecto deberán destinarse las medidas y los recursos necesarios, puesto que de no hacerse supondría la responsabilidad y connivencia del Estado con las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos.
– Crear mecanismos de consulta participativos con las organizaciones campesinas en cuanto a los proyectos que se implementan en su territorios.
– Hacemos un llamado a la comunidad internacional, para que esté vigilante ante la situación que enfrentan el pueblo hondureño y en particular las personas que defienden los derechos humanos, y mas concretamente las comunidades campesinas del Aguan, que sufren constantes amenazas y hostigamientos por las fuerzas de seguridad del estado.
Tocoa, 10 de mayo de 2016.
No hay comentarios:
Publicar un comentario