miércoles, 31 de enero de 2018

Honduras, entre la lucha social y el silencio internacional

Al grito de ¡Fuera JOH! (Juan Orlando Hernández) este sábado 27 de enero, la Comunidad Hondureña y Centroamericana en Madrid se ha manifestado en el centro de la ciudad.

Maureen Zelaya Paredes, en Poder Popular

Esta manifestación coincide con la fecha en que, en Tegucigalpa, la capital de Honduras, se ha producido el acto de toma de posesión presidencial de JOH. La Comunidad Hondureña en Madrid hace difusión, denuncia y, general, se hace eco de la lucha del pueblo hondureño en las calles de este país centroamericano, desde que el pasado 26 de noviembre de 2017 se diera un fraude electoral, una nueva forma de golpe de Estado para las aspiraciones populares concentradas en la Alianza de Oposición contra la Dictadura [1].

El fraude de las últimas elecciones fue denunciado por los movimientos sociales hondureños y distintas organizaciones e, incluso, organismos internacionales han señalado las irregularidades del proceso. Desde que se produjo el fraude, y más recientemente en la semana previa a la toma de posesión ilegítima de JOH, en diversos departamentos, ciudades y municipios de Honduras, entre ellas en Tegucigalpa, se han realizado protestas, marchas y bloqueos de carreteras, acciones que han sido fuertemente reprimidas por la policía y los militares y que, a día de hoy, suma 30 personas asesinadas por la policía y los militares. El pasado 20 de enero, se convocó un paro nacional “por la defensa de la victoria de la Alianza con Salvador Nasralla, contra el fraude electoral y los asesinatos”, en una jornada que dejó un muerto, varios heridos y detenidos.

A pesar de ello, los actores políticos europeos y regionales, e incluso la solidaridad internacional institucional, se mantienen en silencio ante la violación de los Derechos Humanos que se evidencian en Honduras. La situación actual viene a condensar los graves problemas de las democracias centroamericanas: sistemas económicos y sociales inequitativos y reproductores de una desigualdad estructural; la violencia institucionalizada en el funcionamiento de los aparatos del Estado y las leyes; un sistema electoral hecho a la medida de las élites económicas; el miedo como protagonista de las campañas electorales; la criminalización y persecución de movimientos sociales, etc. [2]